La respuesta es tan antigua y tan vigente a la vez, como el concepto mismo de la dignidad humana: “Es porque el 1% más rico quiere que sea así”. La desigualdad es una opción política, dijo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, pero, ¿qué quiere decir esto en realidad?
Quiere decir que el poder real no está en manos del sistema democrático, está en manos de una minoría económica. Ese control omnímodo del poder lo arrebataron a partir de pactos no democráticos. Se trata de un poder obtenido ilegítimamente financiando a políticos y a partidos, para que estos paguen de vuelta con leyes, licitaciones y concesiones, como ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Pesca que beneficia a 7 familias, la hidroeléctrica Ralco en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y la concesión a la empresa Oxiquim, que tiene como presidente del directorio a Fernando Barros, abogado del Presidente Piñera.
Parece increíble que haya que recordar que la democracia debe implicar el buen funcionamiento del Estado, que debe estar al servicio de toda la gente, y no de una minoría económica, que actúa en contra de los intereses de la mayoría del país.
Es por esto que, muchas veces, Carabineros “de Chile”, parece un grupo de guardias privados de los fundos de los Angelini y Matte. Y se perdonan 2.800 millones de pesos en deuda al Fisco a la familia Hites, pero se multa con implacable desigualdad al negocio de la esquina por una boleta.
En democracia, la mayor parte de los ciudadanos debería decidir las leyes económicas que les beneficien, pero, desde la Presidencia y con la complicidad culposa de nuestro Parlamento, se ha usurpado ese poder al ciudadano para hacer leyes que benefician solo a grupos de súper ricos.
Esto es extremadamente grave, porque quiere decir que las elecciones han servido para legitimar un régimen que ha privado a grandes sectores de la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.
Y es precisamente el hurto de estos derechos políticos el aspecto más importante de la desigualdad, ya que la desigualdad política crea las desigualdades económicas, sociales y étnicas, como indica el informe Auditoria a la Democracia del PNUD.
Los ciudadanos deben poder influir en la toma de decisiones para generar condiciones aptas para su desarrollo. El análisis del informe recién citado concluye qué ese ejercicio de derechos no se lleva a cabo y la igualdad democrática está en entredicho. Eso quiere decir que tu derecho a voto no influye en las reglas del juego que definen tu propio futuro.
En efecto, las principales decisiones del país no la están tomando los representantes electos en las urnas, las están tomando un grupo de empresarios que no hemos elegido. Por eso mediante las AFP traspasan, sin preguntar a los trabajadores, USD 6.500 millones al Grupo Luksic, USD 4.500 millones al Grupo Matte, USD 1.850 a CENCOSUD de Paulmann y USD 1.670 millones al Grupo Angelini.
Al parecer han entregado el Estado a la administración de los negocios del 1% más rico. Un grupito que, además, se caracteriza por criticar, sin escrúpulos, al Estado, proponiendo más privatizaciones de los bienes públicos. Pero esos sectores jamás han sido capaces de hacer negocios sin la ayuda del Estado y se han enriquecido gracias al él. Y no serían nada sin los monopolios que se han puesto a su disposición, junto con las empresas que eran originariamente del Estado.
Los políticos que han permitido esto son un peligro para la sociedad, porque, en la práctica, han secuestrado la soberanía ciudadana. Todo esto parece fundarse en un cierto pacto social de las élites, representado por la Constitución Política de 1980. Ese pacto fue hecho sin la ciudadanía.
El resultado era previsible: tenemos un país rico en recursos de todo tipo, pero con millones de pobres y un gran sector medio que vive en la permanente angustia de caer en la pobreza. Este país que se enorgullece de su crecimiento económico, pero donde el futuro de un niño es incierto cuando sus padres no tienen sueldo. Estamos en un país que predica el juego limpio, pero donde los súper ricos pagan menos impuestos por sus rentas que los más pobres.
Hemos escuchado a todos los presidentes de Chile señalar que un mayor crecimiento económico es la solución más efectiva contra la desigualdad. Nada más alejado de la verdad. Se basan en teorías obsoletas como la de Simón Kuznets, otro Premio Nobel de Economía, que sugería que la desigualdad disminuía a medida que la economía crecía. La experiencia probada y el sufrimiento de mucha gente ha demostrado que no es así. Me quedo con la conclusión de Thomas Piketty cuando señala que el capitalismo se ha caracterizado por un alto grado de desigualdad.
Además, en Chile la desigualdad ha crecido, entre otros factores, debido al aumento de ingresos en los hogares más ricos, lo que demuestra que no ha habido progreso en la reducción de la desigualdad a pesar del buen crecimiento económico. Es preocupante que “la riqueza está creciendo más deprisa que los ingresos y la mano de obra”, decía Piketty.
La conclusión es obvia: la desigualdad de ingreso implica entonces una desigualdad en el ejercicio de derechos, una violación de un principio básico de la democracia. Esta sentencia, parece bien planificada por un Parlamento que se niega a subir el sueldo mínimo, que no permite a una familia salir de la pobreza, mientras ellos mismos ganan 36 veces el sueldo mínimo que, además, es el sueldo más alto de la OCDE.
Por esta razón algunas personas dicen “da lo mismo por quién votar, las cosas no van a cambiar”. La mayor parte de los ciudadanos perciben que la política no pasa de ser un “reality show” televisivo en que lo que se discute no tiene nada que ver con su vida diaria. Mientras esto sea así, la decepción solo puede aumentar.
El problema es tan grave que ya no se puede hablar de partidos de derecha o de izquierda, son todos partes del problema, no de la solución. Nadie parece querer resolver este problema político de fondo. Se había puesto esperanzas en un nuevo frente, pero se ha transformado en la nueva Concertación.
Sea dicho claramente, que son ellos quienes se oponen a reconocer los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas, porque eso afecta al 1% más rico que tiene las tierras que explotan, las aguas y recursos mineros. El pueblo de Chile y los pueblos indígenas inevitablemente tenemos ese adversario en común.
Por eso hay que romper el statu quo que han mantenido por años y cambiar la intocable constitución política para lograra el buen vivir o kumemongen como decimos los mapuche. Es el único camino real, los populismos hoy lo que hacen es tomar medidas parche. Si no lo hacemos, nuestros hijos pagarán el precio de nuestro fracaso.