Por Diego Ancalao
El plan del Ministerio de Bienes Nacionales para licitar y concesionar la administración de sectores ubicados al interior de diez parques nacionales durante este segundo semestre y 2020, con el objetivo de fomentar la industria turística e impulsar el desarrollo, ha generado diversas polémicas y reclamos de comunidades indígenas que cohabitan en dichos lugares, ya que sería catalogada inconstitucional por no contar con evaluaciones ambientales ni consultas a comunidades indígenas respectivas, lo que viola el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas ratificado por el Estado de Chile.
“Cuando se busca licitar parques nacionales, que son patrimonio de todos los chilenos, también tiene la obligación de hacer un proceso de Consulta, ya que el artículo sexto del Convenio 169, ratificado por Chile ante la OIT, obliga a hacer consulta cada vez que haya iniciativas impulsadas por el Estado que afectan directa o indirectamente a las comunidades indígenas. En este caso, el Gobierno no está haciendo la consulta respectiva y es sumamente grave porque está faltando al artículo Quinto de la Constitución, que establece la protección de derecho mediante sus instituciones a los convenios internacionales vigentes que haya firmado el Estado, por lo que está cometiendo un acto institucional”, señaló Diego Ancalao, analista político mapuche y presidente de Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, al programa Una Semana en la Radio, de Radio Bío Bío.
En el mismo sentido, el dirigente mapuche agregó que con este cronograma, que incluye los parques Pan de Azúcar, Bosque Fray Jorge, La Campana, Nahuelbuta, Conguillío, Huerquehue, Villarrica, Mocho Choshuenco, Alerce Costero y Cerro Castillo, el Gobierno “demuestra que no le importa ni tampoco le ha importado a los distintos gobiernos afectar este derecho que está consagrado por los pueblos indígenas, ya que en estos parques se habitan comunidades indígenas que verían afectado el normal desarrollo de su vida diaria, ya que al traspasarse su administración a privados, ellos no tendrían ninguna obligación de permitir que las comunidades hagan con normalidad su vida, y esto va más allá de las reclamaciones territoriales que existen en algunos parques, como en el de Villarrica”.
Respecto a la posibilidad de establecer conversaciones o mesas de diálogo con el fin de que se permita el desarrollo económico y el turismo en estos parques, pero sin pasar a llevar los derechos de las comunidades indígenas, Diego Ancalao resaltó que “han existido diversos intentos de acercamiento y negociaciones por parte de comunidades, sin embargo, no han sido consideradas por el Gobierno. Por ejemplo, en Melipeuco se acaba de aprobar la Central Rincón y el Consejo de Ministros no hizo ninguna consulta, y la respuesta que dieron a los requerimientos de las machis es que ellas podían cultivar sus plantas medicinales bajo invernadero, y eso es no entender nada de la cosmovisión de los pueblos indígenas, y afectan completamente la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas”.
En cuanto a la tesis de que esto permitirá generar desarrollo económico en la zona, el autor del libro “Mapuche: Hijo de dos Naciones”, destacó que “es completamente falsa, ya que en la Provincia de Malleco, donde está el Parque Nahuelbuta, es la más pobre de Chile junto con la Provincia de Arauco, y el hecho de que se privatice el parque no resolverá ningún problema económico de la región, y eso obedece a una tesis económica antigua en la cual se señala que los problemas sociales y económicos se resuelven en la medida que se privaticen, porque los privados supuestamente podían generar desarrollo económico, pero esa teoría fracasó completamente y particularmente en La Araucanía, donde se ha comprobado que la instalación de las forestales han generado más pobreza y la riqueza solamente se concentra en los dueños de las forestales, pero no en la región donde están instaladas”.
Finalmente, recalcó que “acá claramente lo que existe es falta de voluntad política para cumplir con el Convenio 169, falta de voluntad política de parte del Gobierno para instaurar una política indígena seria en la cual se cumplan con los convenios firmados y ratificados por el Estado de Chile. Además, uno puede apreciar que aquí hay un interés superior al interés colectivo, social e indígena, que es el interés económico particular de privados, amigos del Gobierno, y eso es más importantes que cumplir con los convenios internacionales. Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico, sino que en contra de que se mienta descaradamente y que se diga que una medida como está permitirá que se desarrollen estas zonas, ya que solamente tendrán beneficio económico los dueños de la concesión”.
Escucha La entrevista en Radio Bío Bío 03.0.19 de Diego Ancalao, aquí:
https://soundcloud.com/user-865945202/entrevista-en-radio-bio-bio-03019