La democracia debe asegurar la construcción de una ciudadanía integral. Una democraciasin el ejercicio de una ciudadanía plena, difícilmente podría recibir ese nombre. Hablamos entonces, de un verdadero reconocimiento de derechos políticos, civiles, sociales y económicos a todos los ciudadanos, sean estos chilenos o indígenas.
Si no se verifica un efectivo desarrollo igualitario de estos derechos, la ciudadanía difícilmente podrá tomar decisiones sobre su propio futuro. Esto implica el buen funcionamiento del Estado, para que a través de la participación en la toma de decisiones, se logren resolver o evitar conflictos. Sin embargo, el Informe Auditoría a la Democracia del PNUD, concluye que ese ejercicio de derechos no se lleva a cabo adecuadamente en Chile, por lo mismo, la igualdad democrática está en entredicho.
Sabemos muy bien que para quienes viven la pobreza, las exclusiones y todo tipo de discriminaciones, la igualdad ante la ley es una bonita frase, pero que poco se aplica. Por ende, se deben establecer procedimientos legítimos y legales que permitan asegurar el ejercicio igualitario de los derechos de las personas, más allá de la igualdad jurídica.
La conclusión inevitable, es que de las desigualdades políticas se deriva la desigualdad económica y social. En efecto, los actores políticos institucionales que nos han representado, incluso luego del retorno a la democracia, han consolidado un sistema excluyente que podemos asimilar a la “silla musical”, un juego al que la mayoría de los ciudadanos no están invitados.
Esta democracia electoral minimalista y capturada por una elite que se reproduce a sí misma, requiere ser perfeccionada urgentemente ante el riesgo de perder toda legitimidad ante los ojos ciudadanos, cansados de mirar que el poder se concentra en los mismos partidos y en las mismas personas.
A pesar de los avances que ha tenido Chile, los indígenas, al igual que la mayoría de los chilenos, siguen siendo discriminados y vulnerados en sus derechos. El derecho a voto y la posibilidad de elegir autoridades, ha dejado de ser un instrumento de cambios, porque ello nos le da la capacidad de tomar decisiones. En consecuencia, la igualdad democrática en la práctica no existe y está bajo el control de los grupos privilegiados que, por supuesto, no tienen la menor intención de ceder esos privilegios.
La discriminación sufrida durante cientos de años por los indígenas en Chile, y en especial por el pueblo mapuche, afecta también a un número importante de chilenos pobres y desprotegidos, que viven diariamente el trato indigno del Estado. La imposibilidad de integrarse al mundo laboral y la conciencia de pertenecer a un grupo socioeconómica desmedrado, es percibida como la principal causa de discriminación, según el Latinobarómetro del año 2008.
¿Están los derechos civiles y políticos garantizados para todos en Chile?, la respuesta es muy categórica: NO. La propia ONU, hace ya algunos años, señaló que la creciente frustración por la falta de oportunidades y por los altos niveles de desigualdad y exclusión social, se expresan en la pérdida de confianza en el sistema político, lo que lleva a una crisis de gobernabilidad y pone en riesgo la propia estabilidad del régimen democrático.
Además, los ciudadanos pobres ven afectado su desarrollo personal y truncadas sus posibilidades de ejercer otros derechos, lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma cuando dice que “en condiciones de extrema pobreza y desigualdad se dificulta la efectividad de la democracia”.
No obstante, la reducción de la pobreza en Chile no avanza de manera pareja y existe una diferencia notable en diversos lugares del país, la que afecta específicamente a algunas regiones como La Araucanía, dónde el que más sufre sus consecuencias es el pueblo mapuche. La XI Región, pese a los logros en la reducción de la pobreza, se mantiene como la más pobre de Chile, donde la distribución del ingreso resulta un verdadero insulto a su conciencia ética.
En efecto, el coeficiente de Gini mantiene a Chile como el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y uno de los mayores del mundo, lo que es una constatación que los discursos ideales en el papel, no se traducen necesariamente en un hecho para la vida de la gente común. La OCDE indica que Chile no sólo es el país con mayor desigualdad dentro del grupo, también es el que proporcionalmente menos disminuye la desigualdad en el ingreso a través de la acción del Estado.
En consecuencia, deberíamos concordar que algunas cosas no andan bien en Chile y no sentirnos tranquilos mientras seamos los últimos de la escalera del desarrollo integral al que deberíamos aspirar. Tampoco deberíamos estar tranquilos mientras chilenos vivan en pobreza y los indígenas ganen un 39% menos que otro no indígena.
Necesitamos una nueva política sistémica para reducir la desigualdad estructural que sufren millones de chilenos e incidir sobre las condiciones objetivas de los hogares, de tal manera que sea posible alcanzar las aspiraciones de movilidad y calidad de vida que el pueblo reclama. Las exigencias para este propósito serían dos: una mayor calidad de la democracia y una mayor capacidad distributiva del Estado.
Esta meta se ve difícil por un hecho indiscutible, y es que hay un desajuste brutal entre las visiones y acciones del sistema político, y la realidad cotidiana del chileno y los indígenas. Pero no se trata simplemente de esto, sino también de la distancia que hay entre los ideales que profesan quienes conducen Chile y la realidad que contemplamos cada día, siendo lo más complejo ese espacio casi inabarcable entre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y la pequeñez de quienes hoy administran el poder y la democracia.
Por Diego Ancalao, presidente Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena.
Fuente: https://thetimes.cl/opinion/6205/desigualdad-la-consecuencia-de-una-democracia-imperfecta/