Ante los diversos irregularidades y hechos de violencia que se han generado en los últimos días en el marco de la Consulta Indígena, proceso que inició el Gobierno el 22 de mayo pasado con el objetivo de modificar la Ley Indígena 19.253, son muchas las voces de representantes de los pueblos originarios y sectores indígenas que llaman a la suspensión del proceso debido a que éste habría fracasado al no cumplir con los estándares y requisitos básicos internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT, además de que los cambios que se pretendería aplicar afectarían los derechos adquiridos de los pueblos originarios en beneficio de privados no indígenas y la industria forestal.
En entrevista con Radio Bío Bío, el presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, fue enfático y señaló que “la consulta ha fracasado totalmente, porque ha recibido el rechazo de todos Los pueblos originarios de Chile, en todas las regiones, por lo tanto, los pueblos ya se manifestaron su rechazo a lo que querían cambiar en la ley del Gobierno. Esta Consulta Indígena no era la solución para el conflicto que se arrastra por más de 100 años en La Araucanía, hubiera sido un avance si es que lo que se consultaba tuviera que ver con las expectativas y demandas que los pueblos indígenas vienen haciendo hace muchos años al Estado”.
En el mismo sentido, el analista político mapuche agregó que “uno de los principios de la consulta indígena es que debe ser voluntaria, libre e informada, pero cuando el gobierno está enviando carabineros o militares a participar de la consulta, donde deben participar dirigentes y autoridades ancestrales de los pueblos originarios, quiere decir que de parte del Gobierno hay una forma de entender la consulta de una forma represiva, y cuando eso ocurre se rompe los principios básicos que sustentan una consulta indígena, por lo que se puede acreditar que con esa intención el proceso ha fracasado totalmente En términos muy prácticos, todo el proceso político en la consulta del Gobierno está en fojas cero este minuto, por lo que lo recomendable, como lo han señalado muchas autoridades y el propio pueblo mapuche en indígena nivel nacional, es que se paralice la consulta y que el gobierno conversé con los pueblos originarios para conocer sus verdaderas demandas”.
Ahondando en las razones del fracaso de la iniciativa, Ancalao destacó que “aquí el Gobierno ha hecho una consulta basándose en lo que ellos creen que los pueblos indígenas necesitan, en consecuencia que debe ser al revés, el Ejecutivo debe realizar una consulta de acuerdo a las demandas de los pueblos, y no que los pueblos acojan demandas que impone el Gobierno de acuerdo a los intereses de ellos y sus amigos, ya que todo parece indicar que esos intereses, escondidos en esta modificación a la ley, son intereses económicos que permitirá a que funcionarios como el subsecretario Ubilla o el jefe de gabinete del ministro Moreno, Juan Pablo Longueira puedan seguir comprando tierras indígenas de maneras irregular e ilegal, lo que no corresponde”.
Finalmente, el representante de la comunidad Manuel Ancalao de Purén, resaltó que “en este caso el Gobierno no ha tomado ninguna de las medidas que se han propuesto por los pueblos indígenas. Por ejemplo, una de las modificaciones a la Ley Indígena propuesta por el Ejecutivo busca el arriendo de tierras indígenas hasta 25 años, pero nada dice sobre los derechos de crear un Registro Electoral Indígena para que tengamos participación política y podamos discutir en el poder legislativo nuestros problemas, eso no está dentro de la consulta ni de las medidas que este Gobierno ha planteado, ni tampoco de los anteriores, se debe aclarar que no es un problema solamente de este gobierno, sino que se arrastra desde la vuelta de la democracia. Las demandas que los pueblos originarios han hecho al Estado no ha sido acogidas por los gobiernos, y es porque detrás de esto existen intereses económicos de empresarios agrícolas privados y de las grandes forestales, que tienen en sus manos más de tres millones de hectáreas, mientras que el pueblo mapuche no supera las 900 mil hectáreas desde Biobío al sur, pero si se reconocían derechos colectivos territoriales, esas tierras deberían devolverse, entonces eso explica que los intereses económicos impidan que las demandas políticas e históricas del pueblo mapuche se puedan resolver”.
Fuente Radio Bio Bio, entrevista completa: