Numerosas son las evidencias y testimonios en contra de la instalación de hidroeléctricas en nuestro país, especialmente enfocadas en los graves y permanentes impactos que éstas provocan en el entorno, donde alteran el paisaje, intervienen en el flujo natural de los ríos y afectan la vida de las comunidades locales; costos que suelen ser opacados por la publicidad que se le otorga a dichos proyectos y donde se les hace aparecer como una forma de producción eléctrica económica y amistosa con la naturaleza.
Este martes, el comité conformado por los ministros de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura decidieron mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) manteniendo la luz verde para el proyecto Río Cuervo con algunas condiciones; todo esto tras una reunión en donde analizaron los 11 recursos de reclamación presentados por particulares y organizaciones ciudadanas que perseguían impugnar la RCA otorgada inicialmente, en septiembre de 2013.
Es llamativo que Río Cuervo, proyecto de Glencore y Origin Energy, contempla la inundación de 5.924 hectáreas y aspira inyectar unos 3.750 gigawatt al sistema anualmente; un quinto de lo que pretendía generar HidroAysén (18.430 GWh por año) propuesta que fue rechazada y que consideraba inundar un área similar (5.910 hectáreas).
Resulta inevitable no contrastar los números y cuestionarse por qué se reconoció el impacto negativo de uno de los proyectos mientras que el segundo sigue su curso, aun cuando el supuesto aporte prometido es considerablemente menor para el sistema energético del país.
Según las autoridades en la materia, entre ambas hidroelécticas hay diferencias significativas y los temas que competen a cada una además son distintos, especialmente en derechos de uso de agua y el impacto en la naturaleza y en las comunidades.
De acuerdo con el ex director general de Aguas y socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, “una de las diferencias es que Cuervo cuenta con un derecho consuntivo. Esto, porque capta las aguas arriba y los restituye al mar. Entonces consume el agua, considerando estrictamente lo que plantea el Código de Aguas. En el caso de HidroAysén, había un derecho no consuntivo y además tuvieron que pedir más derechos de agua y pidieron la reserva. Eso está en tribunales hoy día” (Pulso, 19 enero 2016)
Los beneficios de las hidroeléctricas se han exagerado y, de acuerdo a lo afirmado por Patrick McCully en su libro “Ríos Silenciados”, dichas ventajas se podrían alcanzar por medios menos destructivos y equitativos. En países desarrollados lo han comprendido y la construcción de las hidroeléctricas se han detenido, por lo que estas empresas buscan ahora a sus nuevos clientes entre países subdesarrollados, como Chile.
Por otra parte, el aumento de centrales hidroeléctricas no ha bajado considerablemente el precio de la luz, provocando incluso efectos contrarios en algunos periodos. Por ejemplo, en 2010, se acumuló un incremento en los precios cercano al 15%; esto implica que en la cuenta de una familia por un consumo de 200 kw/h se anotó un incremento de $2.500. Y si eso lo extrapolamos al consumo total de una familia, podemos vislumbrar una cifra nada económica. Para los que sí es económico es para los dueños de las hidroeléctricas, porque no se les cobra ni un centavo por el agua que ocupan.
Algunas autoridades sostienen que “la energía es progreso” y piensan que el crecimiento energético es necesario para el crecimiento del país, aunque esto sólo sucede en países subdesarrollados. En el caso de los países desarrollados está comprobado que el crecimiento económico está por sobre el crecimiento energético, como California que crece a un 4% y el consumo de energía es de un 2%, y si se le considera como un país, sería la 8° economía del mundo según el New York Times.
El senador Carlos Larraín (RN) inteligentemente dijo que, “si no se construye HidroAysén, el programa Estado Nacional terminaría no por tiempo, sino porque se cortaría la luz”. Este tipo de declaraciones hacen que muchas personas piensen que si se oponen y no se aceptan este tipo de proyectos no podrán utilizar Facebook y ver su programa favorito de televisión.
Pero lo que este tipo de reflexiones no dice es que en Chile, el 33% de la energía eléctrica producida es utilizada por la minería, 29% por la industria y la energía destinada a consumo de los hogares constituye sólo el 15% del total (UCh Fac. de CCFF y MM.). Es decir, el 62% es finalmente ocupado por un pequeño pero poderoso grupo de empresas, en su mayoría extranjeras.
En este sentido, deberíamos reenfocar las campañas gubernamentales de ahorro de energía. Sin duda que es importante promover el consumo responsable en cada vivienda, pero también se debería apuntar al sector privado empresarial, que es el que, a final de cuentas, es el que utiliza la mayor parte del pozo energético y no hacer pensar a la dueña de casa que sería un desastre ecológico ver la novela.
A pesar de la aprobación legal, los proyectos hidroeléctricos no han pasado la prueba en términos morales; así lo ha demostrado la ciudadanía con manifestaciones masivas que se replican en la vía pública y en las redes sociales.
Como diría Martin Luther King, estamos ante la “legalización de la injusticia”, frente a un código aprobado por una minoría y que a través del uso del poder obligará a la mayoría a obedecer. Se sobrepone lo legal por sobre lo que es justo, y no miramos qué es lo realmente justo para nuestro entorno.