El trabajo de los servicios de inteligencia es recabar, clasificar y evaluar información para predecir cuándo, cómo y dónde posibles subversivos podrían atacar y, de esta forma, prevenir daños. De esta manera, es incomprensible que se quemen camiones e iglesias, helicópteros vigilados por carabineros en Curanilahue y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), junto a la Dirección de Inteligencia de Carabineros, no han prevenido ni un ataque, no saben quiénes son y, peor aún, han culpado a inocentes.
Todo parece indicar que las operaciones de inteligencia tienen un objetivo político-ecónomico, agentes del estado asesinan conciudadanos, realizan quemas y atentados, similar a la Operación Mangosta de la CIA, que propuso asesinar estadounidenses para inculpar a cubanos y así autorizar el envío de militares a la isla.
Esto nos recuerda el caso Luchsinger Mackay y la quema de una micro por Raúl Castro Antipán, quien declaró haber sido funcionario de la Dirección de Inteligencia de Carabineros y trabajar como infiltrado en el movimiento mapuche. En efecto, la gran cantidad de mapuche procesados y que la justicia ha declarado inocentes, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Chile por juzgar mapuche sin un debido proceso bajo la Ley Antiterrorista, vienen a constatar que hay una operación de inteligencia de mayor envergadura de parte del Estado en que la misión, al parecer, es crear un enemigo interno y satanizarlo por cualquier medio.
El cierre de la “Operación Huracán” y la acusación de la Fiscalía de Temuco en contra de la Inteligencia de Carabineros por falsificación de instrumento público, esta manipulación de evidencia se conjugó, sospechosamente, en un momento político electoral, en el cual a través de montajes se satanizó y acusó de terrorismo al pueblo mapuche. Ese miedo que se generó en la ciudadanía, fue capitalizado por un sector político.
¿Pero quién es el responsable político de esta operación? No olvidemos que aquí se construyó un relato donde los involucrados son del Gobierno, fuerzas policiales y Ministerio Público. Se detuvo comuneros, sus caras fueron objeto de público escrutinio y hoy se demuestra que todo fue un montaje. Aquí hay responsables que deben asumir.
Interior se está sacando el bulto, pero son ellos los responsables. La ANI y Carabineros dependen de ellos, son los encargados de la coordinación, ellos fueron a Argentina, ellos están en tribunales. Esta es la verdad aunque duela y es hora que se asuman responsabilidades, de lo contrario no se va a recuperar la fe pública que esta operación destruyó.
Mahmud Aleuy llamó a no hacer juicios apresurados, pero ellos apresuradamente ordenaron detener con pruebas falsas a los mapuche. Las múltiples aristas que se conjugaron para que los hoy absueltos fueran juzgados, obligan a asumir responsabilidades, a averiguar si situaciones como éstas se han repetido con anterioridad y a revisar todos los casos de acusación a mapuche.
¿Qué debiera ocurrir? Este es un tema de Estado de alta gravedad, porque se han vulnerado derechos constitucionales. Por las implicaciones institucionales y la credibilidad, deben dar un paso al costado los responsables de esta operación: Interior, policías y Fiscalía.