(Publicado en periódico digital Chile B)

La demanda de los pueblos originarios para la creación de un Ministerio Indígena no es nueva: es una promesa que lleva más de 25 años, por lo que se han generado muchas expectativas al respecto. Algunos optimistas presentan esta iniciativa como la solución al conflicto indígena; sin duda, es un gran paso, pero está lejos de ser la solución total.

El hecho que Chile tenga un Ministerio de Salud no ha eliminado los problemas de salud en el país y eso se debe a que no ha cambiado la columna vertebral de la política, ya que la Constitución es la que hace que el ciudadano no sea un sujeto de derecho, sino un objeto de comercio, es decir, un cliente. Y en el caso de los mapuches, la carta magna los deja como allegados pues no son reconocidos por esa Constitución, haciéndole parecer un extranjero en su propia tierra.

De tal manera, se hace difícil creer que una nueva institucionalidad pública para el mundo indígena resuelva en un gobierno los problemas que el Estado tiene con ellos desde hace 200 años del Bío-Bío al norte, y 130 años del Bío-Bío al sur.

En efecto, la primera tarea de todos será evitar que esta nueva entidad se transforme en una Conadi más grande junto con un consejo más grande. La segunda es avanzar hacia una solución real, que consiste en que los pueblos originarios puedan decidir su futuro y para eso debemos incidir realmente en el poder político y en el Estado de Chile, que tiene el poder Ejecutivo y Legislativo. Paradojalmente en la actualidad, no estamos en ninguno de esos poderes, por lo tanto, nos encontramos en una real segregación política, y como ha demostrado en diversos estudios el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, las desigualdades políticas crean desigualdades sociales, económicas y étnicas.

Para avanzar en esta solución deben existir escaños reservados en el Parlamento, mediante los cuales se les permita a los pueblos originarios acceder al Poder Legislativo de acuerdo a su densidad de población. La democracia es el gobierno de la mayoría soberana, dicen, entonces, ¿cómo va a ser justo este sistema para un pueblo que es una minoría?

Necesitamos otro concepto de democracia que sea más justo y que permita que las minorías étnicas sean representadas con igualdad de derechos; necesitamos un sistema electoral especial para los pueblos originarios, con cuotas parlamentarias.

¿Pero cómo se resuelve el conflicto indígena entonces? Para ello, se necesita una nueva Constitución que reconozca el carácter plurinacional de Chile, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en los ámbitos políticos, territoriales y culturales.

Nos encontramos en un proceso donde la credibilidad política está en uno de los peores puntos de la historia de Chile. Hay por ello una necesidad de diseñar una nueva Constitución. No podemos continuar con una Constitución Política diseñada por Pinochet y avalada con la firma de Ricardo Lagos. Necesitamos una nueva Constitución que reconozca el carácter plurinacional del país, y que por sobre todo, que la carta fundamental ponga el derecho social y político por sobre los derechos económicos. Debe haber una Asamblea Constituyente en la que participen representantes de los diversos sectores en conjunto con los pueblos originarios, y que no sólo pase por las manos de una élite privilegiada, como ha sido la tónica histórica.

Lamentablemente, podemos colegir que queda absolutamente claro que el ministro no será nombrado por los pueblos indígenas, sino por los partidos, y probablemente por los mismos partidos que han administrado el problema y no lo han resuelto por más de 25 años. Coincidentemente son los mismos partidos que la ciudadanía cuestiona porque están involucrados en hechos de corrupción.

Esto último adquiere relevancia absoluta cuando será el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas el que tiene que proponer la política indígena a la Presidenta, y al analizar la historia de la Conadi, fue justamente la falta de visión política la que superó a este organismo y llevó a un fracaso en las políticas públicas para los pueblos indígenas. Por tanto, no puede transformarse el remedio en algo peor que la enfermedad.

Aún nos queda pendiente una gran misión ante los pueblos indígenas y no indígenas de Chile, que es lograr que la sociedad chilena no solo reconozca, sino que valore a los pueblos originarios, y para ello debemos hacerlo de manera seria, mediante el sistema educativo que reconozca realmente la plurinacionalidad de Chile, donde corroboramos nuevamente la importancia de la participación política.

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